Ayer nos levantábamos con la noticia de que
el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), y el concejal de
Urbanismo, Gregorio Guerra, habían sido condenados por el tribunal que ha
juzgado el caso "Troya" contra la corrupción urbanística a abonar
200.000 euros de multa y suspendidos para empleo o cargo público durante un año
La justicia ha cumplido su papel aunque
el PP, partido que ha servido de soporte para que ambos accediesen a sus cargos,
ha declarado que respeta la sentencia si bien no la comparte, evitando así la
innominiosa palabra dimisión”.
Ya sabe a rancio eso de que si es
favorable, se ha hecho justicia, si es desfavorable lo voy a aceptar pero no compartir… yo en el lugar de
los que imparten la ley y emiten sentencias empezaría a estar un poco cansado
de la misma musiquilla y que diariamente se cuestione su profesionalidad.
Recordar que el tribunal considera que no
ha quedado acreditado que en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, entre 2002
y 2006, funcionara una trama cuyo objeto era obtener el enriquecimiento
personal ilícito de Martín Serón y Guerra, y considera probado únicamente un
delito de cohecho. Me pregunto yo, ¿Qué es lo que no se comparte lo no probado
o lo probado?
Como no podía ser de otro modo, el PSOE ha
exigido la lógica e inmediata dimisión de Juan Martín Serón, cosa que comparto,
pero ¿por qué pedir que otro haga lo que uno no practica?.
Desde Upyd creemos en la urgente
necesidad de dar una respuesta inmediata por parte del PP en este asunto, y se exigen urgentes medidas de
control para frenar este continuo goteo de casos de corrupción que aparecen en
nuestro país. Y entre ellas, como medida cautelar, la de impedir la
concurrencia de imputados en las listas electorales.
